Como es sabido, a la comisión de un hecho delictivo en España se pueden asociar, en puridad, dos tipos de consecuencias jurídicas: la pena y la medida de seguridad. Si la pena tiene como fundamento la culpabilidad, la medida de seguridad se fundamenta en la peligrosidad.

Por lo general, las medidas de seguridad se han venido aplicando a sujetos inimputables o semi imputables. Es a partir de la Reforma del Código Penal operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, cuando se introduce la medida de seguridad de libertad vigilada, previéndose la posibilidad de su aplicación a sujetos plenamente imputables.

Así, la regulación de la libertad vigilada llevó consigo la modificación del sistema de sanciones vigente en España. El legislador penal deja de ver las medidas de seguridad como aplicables únicamente ante la exclusión, total o parcial, de la culpabilidad del autor. Se rompe con el sistema vicarial, cuya base era: penas para imputables y medidas de seguridad para inimputables y semi imputables.

La clasificación más general de las medidas de seguridad en el ordenamiento jurídico español las divide en: privativas de libertad y no privativas de libertad. Las primeras, reguladas en los artículos 101 a 104 del Código Penal, distinguen tres tipos de internamiento: en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación o desintoxicación y en centro educativo especial. En lo que respecta a las medidas no privativas de libertad, entre las que encontramos la libertad vigilada, se recogen: la custodia familiar, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, medidas que, a su vez, se prevén como penas accesorias.

Como fácilmente puede deducirse, de entre todas las medidas de seguridad no privativas de libertad, la libertad vigilada es la más restrictiva de derechos. Desde su incorporación al ordenamiento jurídico español en 2010, se prevé como complementaria y acumulativa a la pena privativa de libertad para sujetos imputables en aquellos casos expresamente previstos por el legislador penal. En un primer momento, la medida se previó para delitos contra la libertad e indemnidad sexual y de terrorismo. En la reforma de 2015 el ámbito de aplicación se extiende a otros delitos violentos, afortunadamente, solo de modo facultativo. Una de estas ampliaciones se refiere a los denominados “Delitos contra la vida”, si el pronóstico de peligrosidad así lo exigiese, identificándose aquí una técnica legislativa posiblemente deficiente al permitir su aplicación a todos los delitos del Título correspondiente. Podría aceptarse su imposición en asesinatos, incluso en homicidios dolosos, pero ¿y en homicidios imprudentes? ¿Y en la contribución al suicidio de otro? ¿Qué pronóstico de peligrosidad puede fundamentar, en estas tipologías delictivas, la aplicación de una medida tan restrictiva de derechos?

La Exposición de Motivos de la LO 5/2010, al introducir la tratada medida en nuestro ordenamiento, afirma que ésta actúa en respuesta a la peligrosidad “agotada la dimensión retributiva de la pena”. La configura, como se ha adelantado, como una medida de seguridad no privativa de libertad. No han faltado las críticas a la naturaleza de esta medida, que la califican como un “fraude de etiquetas”, acusándola de ser una pena “disfrazada” de medida de seguridad, restringiendo la libertad (que no privándola) de quienes ya han cumplido su pena principal.

No obstante, con la introducción de una medida de las características que presenta la libertad vigilada en España, no hemos, ni mucho menos, innovado en la materia. Medidas de control como la libertad vigilada existen, desde hace años, en los ordenamientos de nuestro entorno jurídico. En Italia “la declaración de tendencia a delinquir” conlleva la aplicación de medidas de seguridad, entre ellas, la de libertad vigilada[1]. En Francia se admite el denominado “control sociojudicial”, a cargo del juez que hace ejecutar la sentencia, durante periodo determinado[2]. En Reino Unido se incorporan dos modalidades similares a la libertad vigilada: extended sentence e indeterminate sentence[3]. En Estados Unidos existe, como equivalente a la libertad vigilada, la denominada lifetime supervision, que puede llegar a ser perpetua. En el Derecho penal alemán se prevén dos medidas aplicables a sujetos imputables peligrosos, de ejecución posterior a la pena de prisión: la custodia de seguridad (Sicherungsverwahrung)[4] y la vigilancia de conducta o libertad vigilada (Führungsaufsicht)[5].

Respecto de su contenido, esta medida consiste en el sometimiento del condenado a control judicial cumpliendo alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 106.1 CP, que se presentan como un conjunto de obligaciones y prohibiciones que solo tienen en común formar parte de ese mismo conjunto. Algunas de estas medidas ya estaban previstas en el Código Penal de 1995, por lo podemos afirmar que la novedad reside en su aplicación a sujetos imputables con elevado pronóstico de peligrosidad según la naturaleza del ilícito cometido.

Para sujetos imputables su cumplimiento es posterior a la ejecución de la pena privativa de libertad, aunque se impone en sentencia condenatoria. Esto conlleva que, en la práctica, la decisión sobre la imposición de la medida puede distanciarse años del fin del proceso y de la ejecución, pudiendo hallarse el pronóstico inicial de peligrosidad muy lejos de la realidad en el momento de ejecución de la medida. Aunque el juez puede cambiar su criterio inicial, reduciendo o dejando sin efecto la medida, quizás hubiese sido más eficiente atrasar su imposición hasta el momento inmediatamente anterior a su ejecución.

Resulta destacable, en lo que respecta a la concreción y ejecución de la medida, que la competencia para tomar cualquier decisión sobre ésta se atribuya al tribunal sentenciador, aunque el Juez de Vigilancia Penitenciaria pueda intervenir orientando a aquel.  La razón de esta determinación, compartida en la Exposición de Motivos de la L.O. 5/2010, es que el “sentenciador” conoce mejor los detalles del caso que tienen que ver con el pronóstico de peligrosidad del sujeto, precisamente por haberlo “juzgado”, estando en mejores condiciones para decidir. ¿No decidirá mejor quien conoce de primera mano la evolución del sujeto que quien conoció, en un único momento, los hechos y sus circunstancias?

En cualquier caso, aún nos queda la pregunta “esencial”: ¿era necesario incluir esta medida en nuestro ordenamiento? A mi entender, el solo hecho de prever la imposición de esta medida, implica que el legislador desconfía de la efectividad de su propio sistema de ejecución de la pena de prisión: mientras el reo esté privado de libertad no dañará, pero saldrá de prisión igual de peligroso que cuando entró. Con ello no trato de afirmar que su incorporación a nuestro ordenamiento sea un error, pero sí que lo fue el modo en el que llegó.

En definitiva y para concluir, sin negar la necesidad e idoneidad de las medidas de seguridad para la efectiva protección de la sociedad y la reeducación y reinserción del delincuente, se requiere una técnica legislativa adecuada, en particular en lo que se refiere a la libertad vigilada, debiendo aplicarse con todas las garantías, atendiendo a un pronóstico de peligrosidad dirigido por quienes mejor conocen la evolución del condenado (la Administración Penitenciaria).

[1] Arts. 108 y 109 del Codice Penale.

[2] Arts. 131.36 Code Penal Francés.

[3] Criminal Justice Act (2003).

[4] § 66 StGB.

[5] § 61 StGB.

Autoría: Maite Carretero Sanjuan

mtcarret@der-pu.uc3m.es

Personal Docente e Investigador en Formación (FPU) en Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Justicia Criminal. Máster en Abogacía y Práctica Jurídica. Título Profesional de Abogada. Graduada en Derecho. Graduada en Administración y Dirección de Empresas.